CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En medio del creciente escándalo de espionaje ilegal operado a través del malware Pegasus contra periodistas, activistas anticorrupción, defensores de derechos humanos y políticos, tanto el gobierno federal como las empresas vendedoras del programa intentan evadir su responsabilidad.

La semana pasada llegaron a las redacciones de distintos medios cartas inverificables y documentos “filtrados” desde instancias del gobierno, así como correos electrónicos con un solo objetivo: sembrar dudas.