CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Héctor Astudillo Flores envió desde hace tres meses una iniciativa de decreto al Congreso local con el propósito de reformar la Constitución estatal para desarmar e impedir que las guardias comunitarias sigan desempeñando funciones de seguridad como prevenir, investigar y castigar delitos mediante esquemas internos de justicia popular.

De esta manera, el mandatario pretende inhabilitar no solo a los grupos de autodefensa que acusó de estar infiltrados por el narco, sino también a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), que operan en la región de Costa Chica y la Montaña.