CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La estrategia de militarización de la seguridad pública sostenida durante los últimos 10 años ha perpetuado la impunidad en los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, a pesar de que desde 2014 el fuero civil tiene competencia para sancionar violaciones a derechos humanos cometidas por personal castrense, revela un nuevo informe de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).