COLIMA, Col. (apro).- La nueva Ley de Seguridad Interior legitima la impunidad y significa una regresión en materia de derechos humanos en el país, por lo que las organizaciones sociales “no vamos a permitir que esta ley avance: impugnaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y podríamos llegar hasta la Corte”, señaló María Guadalupe Ramos Ponce, asesora suplente de la Sociedad Civil para México de ONU Mujeres.

“Tenemos los argumentos jurídicos y de derechos humanos para interponer un recurso, se tiene que sancionar al Estado mexicano porque está contraviniendo los tratados internacionales que el propio Estado suscribió”, dijo.