ANALISIS / CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La consigna del gobierno federal es que, antes de las elecciones presidenciales, la Procuraduría General de la República (PGR) consiga las primeras sentencias por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Al gobierno, su partido y su precandidato único le urgen las sentencias para “dejar resuelto” ese crimen de lesa humanidad que marcó el declive de la gestión de Enrique Peña Nieto justo a la mitad de su mandato, en septiembre de 2014.