MONTERREY, N. L. (apro).- La defensa de un grupo de jóvenes arrestados por delitos graves, tras las protestas por el alza de impuestos estatales y la tarifa de la gasolina -los días 5 y 6 del 2017- reveló que las acusaciones fueron insostenibles, por lo que el Ministerio Público tuvo que variarlas por otros de consecuencias menores.

El abogado Gregorio Martínez Rivera, quien asesora a 11 imputados por presuntos ilícitos ocurridos, luego de la protesta que ocurrió en la Macroplaza de Monterrey, dijo que, inicialmente, por participar en saqueos a centros comerciales, se les había acusado de robo agravado en pandilla, daño agravado en pandilla y lesiones agravadas, cargos que conllevaban penalidades de hasta 15 años de prisión.