CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le quitó a las procuradurías la facultad de asegurar cuentas bancarias, títulos o derechos de operaciones financieras y estableció que el ministerio público sólo puede hacerlo si tiene autorización de un juez.

En la reforma de justicia penal de 2008 se creó la figura del juez de control con el propósito de autorizar las técnicas de investigación por parte del ministerio público, argumentaron los ministros al resolver las acciones de inconstitucional promovidas contra el Código Nacional de Procedimientos Penales.