CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano sostuvo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que “no existen elementos fehacientes que acrediten la participación de agentes del Estado” en la desaparición de la familia Alvarado en el municipio chihuahuense de Buenaventura, en diciembre de 2009.

Como lo reportó Apro desde la sede de la CoIDH en San José, Costa Rica, el gobierno del priista Enrique Peña Nieto planteó ante los jueces la versión de que los jóvenes fueron víctimas de la delincuencia organizada disfrazada de militares, versión que el magistrado ecuatoriano Patricio Pazmiño cuestionó.