CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de tres años, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó el “no ejercicio de la acción penal” en contra de Pedro Topete Vargas, directivo de Infraiber, debido a que nunca pudo comprobar la existencia del supuesto espionaje y la supuesta extorsión a la empresa OHL.

Ahora el Estado mexicano, afirma el abogado de Infraiber, Paulo Díaz, tendrá que hacer frente a la responsabilidad derivada de este abuso de poder.