CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están en aprietos. El gobierno de Enrique Peña Nieto quiere que los jueces constitucionales reviertan el fallo del Tribunal Colegiado que echó abajo, de tres plumazos, las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La técnica jurídica, según expertos constitucionales, ni siquiera da margen para la intervención de la Corte y mucho menos revertir la polémica sentencia firmada por los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno de Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.