MÉXICO, DF, 16 de julio (apro).- En vísperas de que el gobierno de Felipe Calderón comparezca ante el comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), organizaciones civiles reprocharon el incumplimiento del Estado mexicano a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a favor de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
En busca de justicia, Rosendo Cantú y Fernández Ortega, indígenas guerrerenses agredidas sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en febrero y abril de 2002, respectivamente, lograron que la CoIDH emitiera en 2010 sentencias en contra del gobierno mexicano y que incluían el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en las violaciones a derechos humanos de las que fueron víctimas, así como el procesamiento penal en el fuero civil.


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