NUEVO LAREDO, Tamps. (apro).- La tardanza para dictar sentencia condenatoria contra los militares que hace 16 años violaron a una indígena en el estado de Guerrero evidencia que existe una protección sistemática de las autoridades que imparten justicia hacia integrantes de las fuerzas armadas.

Así lo denunció el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos, y precisó que para lograr ese fallo la víctima tuvo que recurrir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en Costa Rica, “lo que demuestra que en México los jueces y ministerios públicos temen actuar contra los soldados”.