CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año del sismo del 19 de septiembre, organismos públicos y organizaciones sociales de derechos humanos denunciaron la persistencia de damnificados en condiciones precarias, derivada de la falta de coordinación de autoridades responsables de atender la emergencia, así como de indicios de corrupción en la canalización de los fondos de apoyo.