CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En las últimas fechas se ha defendido la independencia de los poderes judiciales frente al resto del gobierno con motivo del ajuste a la baja de sus remuneraciones y la estabilidad de sus adscripciones. El argumento principal es que los tribunales son los encargados de defender nuestros derechos respecto de los otros poderes. Pues bien, llegó un momento crucial para demostrar la realidad de ese argumento.

Esta semana inician las discusiones en el pleno de la Suprema Corte en torno a la Ley de Seguridad Interior, y posicionamiento tras posicionamiento, podremos constatar el nivel de compromiso de sus integrantes con la garantía de nuestros derechos humanos. La oportunidad de este debate, a unos días del cambio de gobierno, podría aprovecharse para despejar cualquier duda sobre motivaciones políticas en las posturas asumidas al interior de la Corte. Difícilmente se podría suponer que el resultado del análisis constitucional de aquella ley se condicione a una negociación con la nueva administración y el empleo de las Fuerzas Armadas.