CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El saldo es definitivo. Durante el período de gobierno de Enrique Peña Nieto, 184 personas dedicadas a la defensa de derechos humanos o que por su oficio se dedicaban a ejercerlos, fueron asesinadas en el contexto de una labor que incomodaba a los grupos de poder.

Pueden parecer incidentes aislados y, sin duda, la mayoría son inconexos, es decir, no se trata de movimientos relacionados –salvo excepciones como la disidencia magisterial—que sólo tienen en común ser una oposición –mayoritariamente ajena a los partidos políticos formales– a decisiones de gobierno.