CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– “El Estado mexicano renunció a su derecho a juzgar nuevamente a Joaquín Guzmán Loera por los delitos que hubiese cometido antes y después de su fuga y recaptura. Si a mí me hubiera correspondido, yo no hubiera aceptado la extradición sin que previamente México lo enjuiciara y condenara”, sentencia el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, quien volvió a estar en el ojo del huracán en los últimos días, tras la mención de su nombre en la sexta semana del juicio contra el exjefe del Cártel de Sinaloa en un tribunal federal de Brooklyn.

Bajo el interrogatorio de Jeffrey Lichtman, uno de los tres abogados de la defensa del Chapo Guzmán, el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, testigo protegido de la DEA en este juicio, afirmó que en la década de los noventa sobornó a Morales Lechuga. La nota informativa, retomada por varios medios nacionales y extranjeros, señaló que Cifuentes “confesó tener en nómina” al entonces procurador, “quien a cambio de sobornos le daba protección familiar”.