CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La determinación de un juez federal de liberar a 21 personas relacionadas con la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, al no encontrar elementos para ser juzgadas por delincuencia organizada generó reacción entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como de la representación de los padres de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el gobierno de Veracruz.

A unos días de que el Estado mexicano asumiera la responsabilidad en los agravios contra los jóvenes y sus familias a través de una disculpa pública, la CNDH y la CEAV, en un comunicado conjunto, urgieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a “interponer los recursos legales correspondientes para combatir la sentencia judicial” del 8 de marzo pasado que exonera a las 21 personas, entre ellas ocho servidores públicos del gobierno de Javier Duarte.