COLIMA, Col. (apro).- El proceso de adquisición de las instalaciones de la antigua zona militar, por parte del gobierno estatal, violó las leyes de Deuda Pública y de Disciplina Financiera, debido a que el crédito de 200 millones de pesos no se destinó para lo establecido en el Decreto 617 del Congreso local, denunció el diputado panista Francisco Rodríguez García, presidente de la Comisión de Transparencia.

El crédito, dijo, fue autorizado para comprar reserva territorial e infraestructura social y productiva, no para “donar” los recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que ésta a su vez entregara el inmueble al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), que lo donó al gobierno estatal.