MONTERREY, N.L., 13 de noviembre (apro).- El Congreso local aprobó este martes la Ley de Desaparición Forzada de Personas, que prevé sanciones de hasta 40 años, sin derecho a fianza, para aquellos servidores públicos que participen, autoricen o consientan la privación ilegal en la entidad.
La nueva legislación también establece un castigo de hasta 20 años a la persona que, teniendo conocimiento del delito, no adopte medidas para evitar su consumación.


Adquiere una fotografía para ilustrar esta nota aquí