CIUDAD DE MÉXICO (proceso).– En los últimos 45 días, ante la mirada satisfecha del presidente estadunidense Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador echó a andar todo su aparato civil y militar para impedir que decenas de miles de centroamericanos lleguen a pedir asilo a Estados Unidos.
Bajo las órdenes del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon –quien selló el compromiso de reducir “significativamente” el paso de refugiados por el país–, se endureció la presencia militar en las fronteras sur y norte. En junio, la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a cerca de 30 mil centroamericanos y deportaron a 21 mil 912. Muchos viajaban en familia, a menudo con bebés.
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