CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En mayo de este año se aprobaron reformas al artículo 3° de la Constitución. El artículo séptimo transitorio de dichas reformas establece que el Congreso deberá realizar reformas a la legislación secundaria correspondiente, en un plazo de 120 días a partir del 15 de mayo. Entre la legislación secundaria que requiere de reformas está la Ley General de Educación, expedida en 1993; pero en lugar de reformarla, un grupo de diputados pretende sustituirla por una nueva ley general de educación, cuya iniciativa fue ya turnada a la Cámara de Diputados para su discusión en comisiones. Al violarse la decisión soberana, tal iniciativa está viciada de origen.

Y, desde otra óptica, el contenido de dicha iniciativa de ley atenta contra derechos humanos fundamentales de los padres de familia, y viola tratados internacionales de derechos humanos. Divido este texto en tres partes: la primera, sobre la violación del mandato soberano de solamente reformar la Ley General de Educación de 1993; la segunda, acerca de su contenido, y la tercera, sobre tratados internacionales y conclusión.