CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Luego de que la noticia del feminicidio de Ingrid Escamilla apareció en periódicos de nota roja -algunos con fotografías explícitas que mostraron el cadáver de la víctima- grupos feministas reaccionaron con la condena de la filtración de las imágenes, acusando revictimización y violación de derechos humanos.

En conferencia, la subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Nelly Montealegre, informó que la dependencia investiga a 6 servidores públicos, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), como de la Fiscalía, por su presunta participación en la filtración de las imágenes y videos del caso.