CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los fondos para dotar de equipos de protección a policías estatales y municipales, ante el covid-19, deben salir de otros programas y no de los destinados a la seguridad pública, ya que esto facilita el manejo discrecional de más de 11 mil millones de pesos que no podrán ser fiscalizarlos por falta de reglas.

Así lo declaró la organización ciudadana Causa en Común, al alertar que los recursos que se pretenden reasignar son los del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios (Fortaseg).