Por Rafael Hernández Estrada / Análisis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Presentado como un hecho histórico y un parteaguas de la lucha contra la corrupción, el Decreto de extinción de los fideicomisos públicos se limita en realidad a una medida casi desesperada del gobierno federal para agenciarse recursos que le permitan cubrir sus obligaciones en materia de deuda pública, ante la caída de la recaudación fiscal y de los ingresos petroleros.