CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Asistencia Social por los Derechos Humanos (Asilegal) llamó a las autoridades jurisdiccionales y penitenciarias de las 32 entidades a utilizar las facultades que les confiere la Ley Nacional de Ejecución Penal para detener la propagación del virus en las cárceles.

Tras resaltar que en el país existen 300 instituciones penitenciarias que albergan a 202 mil 221 personas privadas de la libertad, Asilegal destacó que la crisis sanitaria puso en evidencia las carencias financieras para hacer frente a la pandemia y la “imposibilidad de otorgar condiciones de vida digna en reclusión”.