CHIHUAHUA, Chih. (apro).- En medio de la tensión política y de seguridad por el conflicto del agua en la región centro-sur, un grupo de agricultores y activistas, entre ellos la familia LeBarón, promovió una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que el gobierno federal no utilice a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de orden civil.

Asimismo, demandaron garantizar la estabilidad económica de las personas que resultarán mayormente afectadas si el gobierno federal insiste en extraer el agua de la presa La Boquilla para pagar a Estados Unidos la cuota que establece el Tratado de Aguas Internacionales.