CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- En 2011, cuando la guerra desatada por Felipe Calderón contra el narcotráfico comenzaba a llenar el país de sangre, desaparecidos y fosas, las víctimas creamos el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y salimos a la calle. Uno de sus logros, después de largas y extenuantes marchas y de difíciles y dolorosos diálogos, fue la creación de la Ley General de Víctimas (LGV), de su órgano ejecutivo –la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)–, del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FARI).

Por desgracia, todo eso fue destruido con la extinción de su fideicomiso que la mayoría del Senado votó el pasado 21 de octubre. La atrocidad no está tanto en la extinción del fideicomiso, como en la eliminación que con él se hizo de la fracción I del artículo 132 de la LGV que obligaba a la Cámara de Diputados a dotar al FARI con no menos de 0.014% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PFE), fondo que ese fideicomiso administraba.