VALPARAÍSO, 5 de abril (apro).- El aval de la Cámara de Diputados a una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, supone una histórica derrota del sistema privado de educación chileno, debido a que la principal imputación en contra del funcionario es haber faltado a la probidad por no ejercer su papel de fiscalizador, debido a que permitió el lucro en las universidades, un hecho que está prohibido por la Ley de Educación Superior de 1981.
Los parlamentarios acusadores desestimaron la defensa del ministro que hizo el abogado Enrique Barros, quien ante el pleno de los diputados afirmó que las infracciones que se atribuyen al ministro Beyer no son efectivas, “pero aunque lo fuesen “agregó”, no pertenecen al conjunto de graves ilícitos que de los inicios de la República han justificado la acusación constitucional”.


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