CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El conflicto entre el derecho a saber y el estado de salud de los gobernantes, en nuestro principalmente (pero no sólo) del presidente de la República ha sido escasamente discutido y no existe mayor bibliografía sobre el tema. Mi colega, la Dra. Hilda Nucci González ha entregado ya una primera obra sobre esta temática que será el primer texto mexicano sobre la materia. En otras ocasiones, he dedicado algunas entregas a este asunto que, sin duda, tiene un gran interés público. Es verdad que, en principio, los expedientes clínicos contienen datos personales y son confidenciales. (Hay datos personales que no son confidenciales como las cédulas profesionales, por ejemplo). Este es la regla general, pero como tal no es absoluta ni está escrita en piedra. Depende, por ello, de quien se trate y su papel en la sociedad. Se puede afirmar que a menor exposición pública mayor protección de los datos confidenciales. Por el contrario, si se trata de gobernantes, la regla debe ser exactamente la contraria en aquellos rubros que es necesario que la sociedad tenga derecho a conocer.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha contraído el covid19. Es de esperarse que salga adelante sin mayores complicaciones por el bien del país y seguido ha sido la de estímulo-respuesta; es decir, aclarar si hay algún trascendido o conjetura que no cumpla con la regla periodística de la veracidad. La información proactiva ha sido, más bien, genérica y no abunda en detalles que serían deseables. No se trata, en modo alguno, de satisfacer el morbo o la curiosidad pública, sino el legítimo derecho a saber del público.