CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 20 de febrero se cumplieron dos años del asesinato de Samir Flores, una de las figuras fundamentales de la resistencia indígena contra la lógica depredadora de los megaproyectos y la destrucción de las vidas comunitarias y pueblerinas. Se cumplieron también dos años de impunidad. Nada sabemos de los responsables del crimen que sucedió tres días antes de que AMLO, mediante su entonces delegado Hugo Éric Flores, realizara una de sus consultas manipuladas para imponer la termoeléctrica de Huesca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM). Sabemos, en cambio, que el proyecto se llevará a cabo sobre el cadáver de Samir y sobre la negativa de los pueblos indígenas.

Samir es el rostro emblemático de todas las víctimas sepultadas bajo los caprichos “neoliberales” de AMLO. Debajo del PIM, del Tren Maya, de Dos Bocas, de la expropiación de tierras ejidales para el aeropuerto Felipe Ángeles, se acumulan crímenes irreparables que a pocos importan. Semejante a la lógica del crimen organizado y del “neoliberalismo”, en la lógica del poder político, que empantana expedientes e investigaciones criminales, lo que está en juego es el control del territorio y de la gente. Las víctimas son meras externalidades negativas que pagan los familiares. Son meros objetos prescindibles en el juego económico del poder.