CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) afirmó la legalidad del laudo que obliga al sindicato minero, así como a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, a liquidar a los trabajadores los 54 millones de dólares recibidos con motivo de la privatización de Mexicana de Cananea.

“Después de 15 años de litigio los tribunales de amparo han sostenido que los recursos son propiedad de los trabajadores”, expuso la dependencia esta tarde a través de un comunicado.