CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La legitimidad de los principales proyectos de la Cuarta Transformación está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta la política energética, pasando por la militarización de la seguridad pública, la gestión gubernamental del presidente Andrés Manuel López Obrador está en busca del aval constitucional del máximo tribunal del país.

Sus obras de infraestructura, la preponderancia de las Fuerzas Armadas, la llamada austeridad republicana y su manejo discrecional de los tiempos oficiales de la radio y televisión, entre otras acciones de su gobierno, tienen tras de sí juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que desde el inicio del actual gobierno están pendientes de resolverse en la SCJN, presidida por el ministro Arturo Zaldívar, quien de aprobarse en el Congreso la reforma a Ley Orgánica del Poder Judicial, podría extender su mandato hasta 2024, el mismo año en que termina la administración lopezobradorista.