BRUSELAS, 7 de junio (apro).- A pesar de que los países que dominan el mercado de la energía eólica han establecido recomendaciones para facilitar que sus empresas obtengan el “consentimiento social” a ese tipo de proyectos, incluyendo la consulta a las comunidades locales y su participación en la toma de decisiones, éstas han sido ignoradas en el caso de México, donde se han instalado sin contar con la voluntad de los pobladores.
El pasado 21 de marzo, Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, denunció en el Parlamento Europeo que a las comunidades afectadas por la instalación de proyectos eólicos en esa región no se les invitó a “un proceso de consulta previa, libre e informada” por parte de las empresas extranjeras que los implementan.


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