CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México es uno de los países más peligrosos para defender derechos humanos. Si a eso se añaden obstáculos para plantear la defensa de causas de derechos en juzgados y tribunales, las cosas empeoran. Pero si además se cierra la posibilidad de que organizaciones defensoras de derechos acudan al amparo para exigir que se respeten tales derechos, se magnifican las cargas y riesgos para toda la gente.

Conviene imaginar algunos ejemplos. Supongamos que las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad no son las óptimas, a grado tal que es posible que se violen varios de sus derechos humanos. ¿Qué sucedería si a una organización que tuviera por objeto social defender los derechos de la población carcelaria no se le reconociera interés legítimo de índole colectivo para interceder en esta causa? ¿Qué pasaría si se pretextara que el derecho a condiciones dignas de vida en reclusión solo pueden gozarlo, ejercerlo y defenderlo, personas físicas?