CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Ejecutivo Federal está obligado a tener una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales, pero ¿qué ocurre con los gobiernos estatales, municipales y las ciudades más grandes del país? Estas entidades también están obligadas por ley a tener su propia política pública, agenda digital y hoja de ruta tecnológica, pero han preferido que sea la federación la que haga el mayor esfuerzo.

Aquí hemos advertido la ausencia, descoordinación e incluso fragmentación de los programas y proyectos para la conectividad y digitalización de México. Se trata de una nueva generación de políticas públicas para que la población ejerza sus derechos fundamentales a través del uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Pero los estados tampoco tienen una política y diseño institucional que permita avanzar en la digitalización local.