CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió las sentencias contra México por la tortura sexual a 11 mujeres en San Salvador Atenco y la desaparición forzada de tres integrantes de la familia Alvarado a manos de miembros del Ejército, en Chihuahua, víctimas y familiares involucrados en esos casos denunciaron la falta de voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para cumplir las resoluciones internacionales.

En conferencia de prensa, cuatro de las 11 mujeres de Atenco y cuatro familiares de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado, así como abogadas del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), alertaron que ante el incumplimiento de las sentencias solicitaron a la Corte Interamericana audiencias de seguimiento de las resoluciones, para que representantes del gobierno de López Obrador expongan ante los jueces del tribunal internacional el motivo de los desacatos.