PUEBLA, Pue., (apro).- Luego de que solo este año han muerto nueve personas al interior de los llamados anexos para rehabilitar a adictos que operan en la entidad, el Congreso estatal aprobó imponer sanciones de cuatro años de cárcel y multas de casi 20 mil pesos a quien preste ese servicio sin cumplir con la normatividad.  

Los legisladores votaron a favor de la reforma al artículo 258 Bis del Código Penal del Estado que fue enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.