Con la idea de dotar de recursos a las comunidades impactadas por la extracción, se creó en 2014 el Fondo Minero. Sin embargo, con la extinción de fondos y fideicomisos, ordenada en 2020 por el presidente López Obrador, los recursos han quedado dispersos en tres secretarías –Economía, Educación Pública y Hacienda–, sin claridad sobre su uso y destino. Los empresarios del ramo aseguran que siguen aportando para ese fondo, aunque no están etiquetados para llegar a las comunidades donde se generaron los recursos.