MEXICALI (apro).– En Baja California han sido retiradas 269 cámaras que no formaban parte de la red de videovigilancia y que presuntamente estaban ligadas al crimen organizado, pero no se realizó la denuncia ni la investigación pertinente por parte del gobierno estatal.

Lo anterior salió a relucir durante la Glosa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCBC) ante el Congreso de Baja California, realizada ayer martes, en seguimiento al Tercer Informe de Resultados de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda.