CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El último día de existencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) transcurrió entre los reclamos de sus trabajadores por sus despidos, la toma de posesión de su sede por parte del gobierno federal, y las críticas de organizaciones de la sociedad civil contra el “retroceso” que representan las nuevas leyes y el nuevo organismo desconcentrado, llamado Transparencia para el Pueblo. 

Según la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la nueva legislación elimina facultades para los organismos de transparencia para interponer acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales contra leyes que podrían afectar los derechos, e incluso contiene figuras legales ambiguas, como “paz social”, que podrían utilizarse para reservar información.