CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la protesta de Laura Ramírez y Gabino Santiago López, indígenas triquis que denunciaron racismo y discriminación por haber permanecido siete días separados de su hija recién nacida, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sostuvo que la separación derivó de que la bebé nació en el domicilio de la pareja y no contaba con constancia de alumbramiento, lo que, según la institución, impidió acreditar de inmediato su identidad y filiación materna.

La explicación, sin embargo, no identificó qué delito investigaba el organismo encabezado por Bertha Alcalde ni qué fundamento legal permitió mantener a la niña bajo resguardo hasta que una prueba de ADN confirmó que Laura era su madre.