Pablo Pérez Álvarez

LIMA, 4 de julio (apro).- A sólo cinco meses de que Lima sea la sede de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (la COP20) –la mayor cumbre internacional que haya organizado Perú, con unos 20 mil delegados de más de 190 naciones– el gobierno del país sudamericano ha agitado a los movimientos ecologistas y de derechos humanos con una drástica reforma que ha dejado en paños menores a su política de controles medioambientales.


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