México, D.F., 26 de marzo (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto está empeñado en reducir la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a un asunto meramente delictivo. A medio año de la tragedia, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, dejó en claro que a eso se han reducido y así seguirán las investigaciones.
En el gabinete de seguridad ha existido una fuerte resistencia para investigar el caso como desaparición forzada, es decir, como un crimen de lesa humanidad, y sobre todo a reconocerlo como un grave delito cometido desde el poder político del Estado mexicano.


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