MÉXICO, D.F., 6 de agosto (proceso).- La renuncia forzada de una veintena de delegados regionales de la Procuraduría General de la República (PGR) el viernes 29 de julio estuvo precedida por una serie de hechos poco transparentes y hasta contradictorios.
En el fondo, las remociones empañaron aún más el cacareado proceso de depuración emprendido por Marisela Morales Ibáñez desde su llegada a esa institución “””el 7 de abril pasado”””. Hasta ahora, suman 500 los servidores públicos afectados, un tercio de los cuales son objeto de procesos administrativos y penales.
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