MEXICO, DF, 21 de agosto (apro).- A diez días de la desaparición del expolicía municipal Artemio Duarte, quien fue torturado por militares en el 28 Batallón de Infantería de Tijuana, agentes de la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJBC) se niegan a buscarlo y, peor aún, criminalizan a sus familiares.

Duarte Martínez, quien cuenta con medidas cautelares y precautorias por parte de las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, es beneficiario de la recomendación 87/2011 de la CNDH luego de comprobar que, junto con una veintena de agentes municipales, fue detenido arbitrariamente y torturado y arraigado en instalaciones militares durante 40 días para luego ser acusado de colaborar con el capo Teodoro García Simental, encarcelado en el penal federal de Tepic, Nayarit.