MÉXICO, DF (apro).- Desde el 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) del panista Felipe Calderón Hinojosa, hasta la que encabezó Jesús Murillo Karam, durante los primeros dos años del priista Enrique Peña Nieto, se sabía de los vínculos del matrimonio Abarca con el crimen organizado.

Todavía más, había desde entonces averiguaciones previas abiertas y nadie, ni de PAN, PRI o posteriormente del PRD, junto a algunos allegados de Andrés Manuel López Obrador, hicieron nada por frenar a José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Al contrario, al primero lo encumbraron como presidente municipal en un país donde ser jefe local equivale a ser el cacique del pueblo, el que ordena y permite actos de corrupción y violencia.