MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Los acuerdos que funcionarios federales firmaron en mayo pasado con el movimiento jornalero del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California, no se tradujeron en mejoras laborales para las trabajadoras agrícolas, al contrario, provocaron los despidos de quienes se manifestaron y abusos contra la población más vulnerable.

Así lo consideró Margarita Nemecio Nemesio, colaboradora del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, durante su participación en el seminario “Mujeres y migración. El caso de las mujeres migrantes en la Sierra de Guerrero”, realizado este miércoles en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).