CIUDAD DE MEXICO (proceso).- El asesinato de un soldado procesado por tortura sexual en la prisión del Campo Militar Número Uno el pasado 17 de enero truncó la posibilidad de que un juez civil emitiera una sentencia condenatoria contra un efectivo castrense por violaciones a los derechos humanos, en apego a una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Cinco días después, el 22, durante una revisión habitual de la causa penal 56/2013 en el Juzgado Segundo de Distrito en Acapulco, Guerrero, relacionado con la tortura sexual en agravio de Inés Fernández Ortega, abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan advirtieron que al expediente se le agregó un telegrama firmado por el director de la prisión militar, general de brigada Cruz Heracleo Medina Ávila.