CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Representantes de organizaciones sociales emplazaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a fijar postura sobre la campaña de desprestigio desatada contra defensores de derechos humanos y a detener a asociaciones y personas “financiadas por el Estado” que la operan.

Reunidos en el salón Digna Ochoa en el contexto del quinto aniversario de la conformación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), decenas de activistas se sumaron a un pronunciamiento en favor de la labor de defensa de derechos humanos, ante ataques de personajes como Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Emilio Álvarez Icaza y el relator de la Tortura de la ONU Juan Méndez