CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- La negativa para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entrevistara a elementos del Ejército sobre el caso Ayotzinapa devela también el claro interés de las autoridades para que no se indaguen las violaciones a las garantías humanitarias.
Sin importar las reformas al Código de Justicia Militar, las sanciones y recomendaciones internacionales o la exigencia constante de activistas para que haya justicia en México, las autoridades militares se niegan a colaborar en aquellos casos de violaciones a derechos humanos en los que están implicados elementos castrenses.


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